La Fiscalía no ve delito en los contratos de la Fórmula 1 en Valencia
Anticorrupción pide el archivo de esta causa que afectaba a varios directivos del Circuito del Motor, así como al ex president de la Generalitat, Francisco Camps, que despejaría su futuro político
Se despeja la escasa carga judicial que le quedaba al ex president de la Generalitat, Francisco Camps. Al menos, esa es la primera consecuencia de la decisión de la Fiscalía Anticorrupción que ha pedido al juzgado el archivo de la investigación sobre los contratos firmados por la empresa pública Circuito del Motor en la organización de la Fórmula 1 en Valencia entre 2008 y 2012, en un informe donde señala que no encuentra indicios de delito, un argumento que ya ha esgrimido sobre otras investigaciones que atañen a ese Gran Premio.
La decisión del archivo aún no es definitiva, pues, lo debe adoptar la juez que lleva el asunto, si bien, el informe de la Fiscalía suele ser determinante a la hora de la decisión que tome la juez. De producirse, el gran beneficiado sería el ex president de la Generalitat, Francisco Camps, que volvería a comprobar cómo la justicia le daría la razón en otra causa judicial relacionada con su gestión, y que despajaría su futuro, favoreciendo su objetivo de poder volver a la política, como ha venido insistiendo desde principios de este año, tras el anterior archivo.
De confirmarse la decisión ya sólo le quedaría un caso judicial abierto, de las nueve causas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción durante doce años. Y todas ellas han sido archivadas o resueltas a favor del ex president, que ya se prepara para volver a la política, una vez que se cierren los dos casos pendientes.
El único no dependiente de investigaciones policiales, sino de las declaraciones de otros investigados, como el ex secretario general del PP-CV, Ricardo Costa, y el ex gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, con el objetivo de reducir sus condenas.
“Sin indicios de presunta comisión”
En esta pieza, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia investiga el proceso de contratación de proveedores tramitado por la empresa pública Circuito Motor y Promoción Deportiva S.A., que era propiedad de la Generalitat al 100 % y se financiaba con los presupuestos autonómicos y subvenciones. En la firma de los contratos realizados para la organización del Gran Premio se podrían haber cometido los delitos de prevaricación y falsedad documental.
Pero la Fiscalía Anticorrupción, después de las investigaciones llevadas a cabo, señala en su informe, que “no concurren indicios de la presunta comisión del delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental”.
La Fiscalía señala que no aprecia que, “por parte del personal de Circuito del Motor, encargado de la tramitación de los correspondientes expedientes de contratación”, existiera “una intención clara y evidente de vulnerar el ordenamiento jurídico, adjudicando los mismos de forma injusta o arbitraria”.
Así, pide el archivo de la acusación dirigida contra una decena de investigados, entre ellos el ex secretario autonómico de Hacienda, José Miguel Escrig, y el exdirector de Circuito del Motor, Julio García. Las investigaciones además han durado años e implicado a responsables políticos, entre ellos, al ex president de la Generalitat, Francisco Camps, investigado por supuestas irregularidades en la construcción del circuito.
En este sentido, en el año 2019 la Audiencia de Valencia archivó la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la que estaba procesado Camps por la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, en contra del criterio de la juez del caso y siguiendo los argumentos de la Fiscalía.
Además, en 2020 el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia archivó la investigación abierta por la compra de la empresa Valmor Sports SL, encargada de la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, por parte de la entidad pública Circuito del Motor, dependiente de la Generalitat. La compra se realizó para rescatar a ese Gran Premio y la ordenó el entonces president de la Generalitat, Alberto Fabra; se pagó un euro a cambio de asumir las deudas del circuito. La juez compartió el criterio de la Fiscalía, en el sentido de que no hubo delito. Esta decisión benefició a importantes empresarios de la Comunitat
