El IUDESCOOP propone la colaboración público-privada a través de las empresas de Economía Social

Vivienda, digitalización, comunidades energéticas, cultura, servicios sociales y viveros empresariales ámbitos de colaboración pública-privada mediante la economía social.

Los fines perseguidos por las entidades de Economía Social y por las administraciones públicas se encuentran íntimamente vinculados y alineados, un ajuste que cobra mayor relevancia y pertinencia bajo la consideración del marco de objetivos delimitado por la Agenda 2030. Desde IUDESCOOP se ha elaborado un trabajo en el seno del Laboratorio de Transformación Social ODS en el que se analizan las dificultades existentes en la normativa reguladora del sector público para desarrollar la colaboración público-privada. La economía social está a la vanguardia de la Agenda 2030 aportando un modelo empresarial basado en la primacía de la persona, la transparencia, la democracia, la solidaridad y la cohesión social. Estos valores se encuentran en la base de iniciativas que se exponen en este trabajo y que contribuyen a todos los ODS compaginando eficiencia y competitividad empresarial con progreso y responsabilidad social. Se trata de un proyecto financiado por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Este trabajo se inscribe en un contexto general de demanda hacia el desarrollo de un nuevo paradigma económico que combine crecimiento económico y sostenibilidad, particularmente dirigido a la priorización de criterios sociales que permitan la atención de necesidades y la satisfacción de expectativas de personas y entornos. Así, lo ha explicado la profesora Vañó, en el transcurso de la jornada Acciones de fomento para la transformación social de las empresas, celebrada este martes en el salón de actos B de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre.

Desde el IUDESCOOP se insiste en que el sector público debe consolidarse como catalizador de las iniciativas económicas que además de la eficiencia económica, persiguen la cohesión social. Pero además, se ha detectado una barrera de carácter político, que se plasma en un profundo desconocimiento por parte de la representación política de las posibilidades que fija la ley. Como consecuencia de esto último, destaca la falta de una planificación estratégica en la compra pública.

Adicionalmente, se identifican barreras de carácter técnico, como el desconocimiento del encaje técnico a la hora de incluir cláusulas sociales en los procesos de contratación, lo que se deriva en el temor de que la elección de estos procedimientos suponga mayor trabajo para los y las profesionales que tienen que gestionar esta materia.

La utilización de cláusulas sociales, contratos reservados y otras figuras como convenios o conciertos, según la profesora Vañó, “ofrecen la posibilidad de cambiar los patrones por los que se rige la cooperación público-privada diferentes áreas estratégicas con el fin de mejorar la calidad de los servicios”.

Se estudia la obligación de reserva de contratos como  instrumento tractor en el sector público, con una gran potencialidad para contribuir a la consecución de un objetivo social como es, en el caso de los centros especiales de empleo de economía social, la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Ha destacado Vañó que “No hay fórmulas buenas o malas, sino fórmulas más o menos idóneas en función de los servicios de los que se trate; todas ellas están previstas en el ordenamiento jurídico y la Administración tiene la obligación de elegir la más adecuada.” Ha añadido que “la mala elección y el mal uso de las fórmulas de colaboración va sin duda en detrimento de la calidad de los servicios y perjudica directamente a las personas beneficiarias, además de precarizar y devaluar el conjunto del sistema.”

En el estudio, fruto de los focus group celebrados en el seno del laboratorio de IUDESCOOP se han analizado diferentes sectores, considerados estratégicos en el desarrollo de la colaboración público-privada

De ellos, destaca el ámbito de la vivienda, tanto de obra nueva como de rehabilitación, donde se proponen  medidas directas como la cesión de solares y/o edificios; reserva de suelo y/o viviendas y venta en condiciones favorables (preferentes), junto a incentivos fiscales y económicos, así como la creación  ecosistema de impulso que cuente con la iniciativa ciudadana, político e institucional.

En el ámbito energético, se destacan tres tipos de alternativas: Comunidades Energéticas Locales Cooperativas como las Valencia o Crevillent con cesión de solares y/o cubiertas de edificios públicos; Comunidades Energéticas como la  Aras de los Olmos, que partiendo de la iniciativa pública e implicando a los vecinos busca el autoabastecimiento y autonomía, que es similar al modelo de la Mancomunidad Energética de Los Pedroches.

En materia de apoyo al emprendimiento y los servicios empresariales destacas dos proyectos valencianos, como son Betacoop (vivero de empresas) y Pionera (vivero de empresas en el entorno rural), así como Migracoop (revitalización del medio rural a través del emprendimiento migrante).

En esta materia también destaca un proyecto de Colaboración. Cuidem Lluçanés, orientado a la detección de necesidades por parte de la administración (tanto de trabajadores como de usuarios), así como a la creación de procesos con flexibilidad para cambiar enfoque y mentalidades.

En cuanto a digitalización se propone proyectos similares el Smile de Viena, la Factoría Digital de Madrid o el BcN FemTech de Barcelona, sistemas que faciliten la contratación y digitalización digital y eliminen burocracia.

Respecto a propuestas de servicios sociales se ha destacado la creación de laOficina Municipal de Vivienda para personas sin recursos. El Rogle S.coop; el Proyecto de intervención social en el Barrio de Pan Bendito en Madrid, desarrollado por REDES Sociedad Cooperativa, y en tercer lugar, se ha analizado el Programa de intervención para hijos/as y madres víctimas de violencia de género, de la Fundación Diagrama.

A nivel cultural los proyectos base son: La Harinera de Zaragoza, un espacio compartido y cogestionado en el Barrio de San José de Zaragoza entre vecinos, Ayuntamiento y Agentes Sociales, así como el MACBA de Barcelona, un consorcio público-privado 1988: Generalitat Cataluña, Ayuntamiento Barcelona y Fundación MACBA. Posteriormente, Ministerio de Cultura (2007), cuyo equipamiento es público, mientras la inversión privada se ha encargado de la provisión obras y recursos económicos.