Cuentas cuestiona y detecta irregularidades en los contratos realizados por la Generalitat con motivo del coronavirus

El informe detecta falta de justificación y ejecución en las subvenciones otorgadas por el ‘estado de alarma’ y advierte que el déficit de las cuentas se ha salvado por el fondo COVID

Como ya es tradicional, el síndico de Cuentas, Vicent Cucarella, ha hecho entrega a Les Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2020 que, entre otros aspectos, cuestiona buena parte de los expedientes de contratación realizados con motivo del coronavirus detectando varias irregularidades en los mismos.

En concreto, en los contratos tramitados por emergencia, según denuncia la Sindicatura, ha detectado diversas irregularidades y mucho oscurantismo en los mismos, así como un seguimiento de los mismos: “falta de acreditación de los supuestos de hecho que dan lugar a la contratación de emergencia, falta de constancia de los precios de las prestaciones contratadas, imposibilidad de verificar la adecuada ejecución del contrato o su recepción de conformidad y falta de formalización por escrito de los contratos ejecutados en el exterior”-

En este sentido, en los contratos realizados por la Conselleria de Sanidad se ha detectado una serie de incumplimientos que se repiten reiteradamente en 30 expedientes, “donde no hemos podido verificar la adecuada ejecución del contrato ni su recepción de conformidad, ni su liquidación, agravados en los casos en que se acuerdan pagos anticipados sin que posteriormente se acredite en el expediente que el contrato haya sido ejecutado de conformidad”.

En relación con los pagos directos efectuados por la Conselleria de Sanidad se ha detectado “un volumen importante de gastos de carácter sanitario contraídos sin la previa y preceptiva tramitación del expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras causas”. Así, añade que se han contabilizado “expedientes de enriquecimiento injusto por un importe conjunto de 1.602,4 millones de euros”. También, se han efectuado pagos directos a terceros por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario “sin la previa tramitación del expediente de contratación preceptivo, como procedimiento generalmente utilizado por los departamentos de salud, pagos que podrían llegar a importes muy significativos”.

De igual manera, se han detectado irregularidades en los contratos no tramitados por emergencia, entre ellos, destaca “una inadecuada justificación de la elección del procedimiento de licitación o los criterios de valoración, la no concurrencia o la insuficiente justificación de las circunstancias para la tramitación urgente, publicidad insuficiente en el perfil del contratante y fórmula inadecuada en la valoración del precio”.

Incumplimiento subvenciones del COVID19

De igual manera, la Sindicatura de Cuentas ha fiscalizado el cumplimiento de la legalidad de las subvenciones y ayudas de la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 2020 derivadas del COVID19, y ha detectado diversos incumplimientos y las deficiencias como la “no justificación” de la convocatoria pública de las actuaciones  realizadas antes del estado de alarma, así como el bajo grado de ejecución, la falta de completar la documentación acreditativa, falta de aprobación del plan de control (especialmente importante teniendo en cuenta el pago anticipado del 100% de la subvención), falta de acreditación de las razones para no promover la publicidad y concurrencia de manera adecuada y suficiente, acreditación inadecuada e insuficiente del procedimiento selectivo y ayudas aprobadas pendientes de imputación presupuestaria por varias causas.

Endeudamiento progresivo y déficit salvado por el COVID

En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat Valenciana, el Informe indica, “como en ejercicios anteriores, que las cuentas anuales del ejercicio 2020 muestran un grave desequilibrio”, situación que achaca a la infrafinanciación de la Comuntiat y asegura que “el patrimonio neto es negativo, por 36.219,8 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento”.

En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, se observa una evolución positiva de reducción del déficit entre 2015 y 2017, que cambia de tendencia en los ejercicios 2018 y 201, “por un incremento mayor en las obligaciones que en los derechos”, y vuelve a disminuir en 2020 “condicionado por los ingresos y gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia”.

Respecto a la evolución de los ingresos, a pesar de no haberse modificado todavía el sistema de financiación autonómica que perjudica a la Comunitat, los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 8 han experimentado una evolución positiva en los cinco últimos años, debido fundamentalmente al incremento de los ingresos por tributos cedidos. Además, en el aumento de 2020, según el informe, “tienen un peso fundamental las transferencias corrientes recibidas de la Administración del Estado por el Fondo COVID19”. Además, advierte que cuando desaparezca la financiación adicional incondicionada, “será déficit difícil de equilibrar con el actual sistema de financiación autonómica”.

En este sentido, la Sindicatura exige a la Generalitat  “continuar exigiendo un resarcimiento de la parte de la deuda acumulada durante los últimos años a causa de la infrafinanciación, así como la implantación de un mecanismo transitorio que resuelva esta infrafinanciación durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe el nuevo modelo”, y advierte que, en caso contrario,  “la Generalitat continuará viéndose sometida a la dificultad de conciliar simultáneamente el presupuesto adecuado de los gastos del estado de bienestar, el respeto a la estabilidad presupuestaria y un tratamiento ortodoxo de las previsiones de ingresos”.

Respecto a la deuda financiera asciende a 52.449,2 millones de euros. De este importe, 41.931,3 millones de euros corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial. El incremento experimentado durante 2020 se ha debido principalmente al aumento de las deudas con entidades de crédito (1.793,4 millones de euros) y a la deuda con el Estado por los mecanismos de financiación (1.298,8 millones de euros).