El IUDESCOOP promueve el desarrollo de comunidades energéticas locales como una alternativa a la carestía energética
El instituto universitario ha celebrado la Jornada Powercoop sobre pobreza energética e innovación social, donde se ha han abordado diversas alternativas de estas fórmulas energéticas
Es necesario regular adecuadamente a las comunidades para que no se queden al margen. Esta es una conclusiones de la Jornada Powercoop sobre pobreza energética e innovación social celebrada reciente por el Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento (IUDESCOOP) de la Universitat de València,
Según ha explicado la directora del IUDESCOOP, María José Vañó, la pandemia provocada por el COVID19 y ahora la invasión en Ucrania, ha hecho que millones de personas vuelvan a estar en una situación de pobreza extrema, lo que incluye también la energía, y en este contexto, cobra importancia la creación de comunidades energéticas locales, donde “los consumidores se empoderan si se unen y autoconsumen, pero necesitamos una regulación adecuada que no deje al margen a pequeñas y medianas empresas y a las administraciones públicas locales”.
En este sentido, Vañó reclama que en línea con las Directivas Europeas “se regulen las Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, se facilite la participación de ciudadanos, entes públicos locales y pequeñas y medianas empresas”.
Como ejemplo de comunidad energética local ha destacado la iniciativa del Ayuntamiento de Aras de los Olmos, apoyada desde el IUDESCOOP, para la creación de una comunidad energética en la que participen todos los vecinos, titulares de contador, ayuntamiento y tejido empresarial local; ejemplo de aplicación de los principios democráticos en la gestión de la entidad, y la ausencia de ánimo de lucro.
Según la portuguesa Deolinda Meira, las comunidades de energía renovable, bajo una forma cooperativa, pueden constituir un instrumento para luchar contra la pobreza energética. En su opinión, “la cooperativa será la forma jurídica más adecuada para integrar las comunidades de energías renovables, ya que la caracterización jurídica de su propio concepto es convergente con estas entidades, aunque la legislación portuguesa no restringe las comunidades de energías renovables a ninguna forma jurídica específica”
En este sentido, ha destacado el papel de Coopérnico, cooperativa de comercialización de energías renovables, en la reducción de la pobreza energética mediante la implementación y difusión de programas de apoyo a la alfabetización energética, materializando así en su actividad el principio estratégico de educación, formación e información.
Por su parte, Elisabet González Pons, ha abordado la función socio-económica que pueden cumplir las comunidades energéticas, centrada especialmente en los proyectos que se están desarrollando en algunos países miembros, en particular, el caso de Italia, Grecia y Francia. En su ponencia ha destacado que, además de ser un instrumento útil para combatir la pobreza energética, “la realidad demuestra que también pueden ser un actor esencial para generar desarrollo y empleo en regiones afectadas por la despoblación rural o contribuir a la reestructuración del sector primario”.
Según Rafael Moll, La pobreza energética también está presente en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lejos de lo que pudiera pensarse, más allá de las ayudas públicas en el terreno de lo asistencial, esta disciplina también se ocupa y regula el suministro eléctrico como condición laboral a las personas trabajadoras que prestan sus servicios para empresas energéticas, entre las que destacan no solo los grandes grupos, sino pequeñas cooperativas de ámbito local.
A su juico, “el convenio colectivo se presenta, en este sentido, como la principal fuente que contempla la gratuidad o bonificación eléctrica”, pero, ha advertido que “estas experiencias derivadas de la autonomía colectiva no están exentas de incógnitas jurídicas que se traducen en conflictividad ante los tribunales”.
Por último, Pilar Montes, ha explicado que en España frente a la pobreza energética se han dictado medidas especiales para proteger a los consumidores vulnerables frente a ella. Tanto el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores como la Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019-2024, actualizada en 2021, que persiguen con el bono social térmico y otras medidas dirigidas a la eficiencia energética de las viviendas, paliar este grave problema.
