Educación genera incertidumbre en el profesorado interino al no tener ya planificado su proceso de estabilización

Los sindicatos, especialmente UGT, insisten en celebrar en 2023 el concurso de méritos, y en 2024 la ‘oposición especial’, mientras que la directora de personal lanza un ‘globo sonda’ de hacer coincidir ambos procesos, pese a la opinión contraria de su equipo

Falta de planificación educativa alrededor de los procesos de estabilización del profesorado interino que continúa cuya situación continúa siendo ignorada por los equipos directivos de la Conselleria de Educación. Al menos, eso se desprende de las valoraciones realizadas este jueves por la directora general de Personal del departamento educativo que ha reconocido no tener cerrado el calendario para la celebración los procesos de estabilización de profesora (concurso de méritos y ‘oposición especial ‘) y que ha anunciado sin intención de cerrar ese proceso durante el mes de septiembre, lo que, en opinión de los sindicatos, “genera incertidumbre y precariedad en el profesorado interino que tendrá que participar en las adjudicaciones de inicio de curso sin saber a qué se enfrenta el próximo curso escolar 2022/23 ya que no podrá planificarse su carga de trabajo hasta una vez iniciado el curso ante un proceso que puede ser vital para su carrera profesional docente”.

Las declaraciones de la directora general de Personal Docente se han producido en turno abierto de preguntas de la mesa sectorial de este jueves centrada en el procedimiento de acceso para ser catedrático de secundaria y de la Escuela Oficial de Idiomas a preguntas de los representantes de los trabajadores. En concreto, la directora general ha explicado que el procedimiento no cerrará hasta el mes de septiembre, y que no tienen totalmente claro los plazos en que se producirán, ya que se había empezado a valorar la opción de hacer coincidir los dos procesos de estabilización en el tiempo  (concurso de méritos y ‘oposición especial ‘) a lo largo primer semestre de 2023 frente a lo barajado en la mayoría de comunidades autónomas, y en la propia Conselleria, de celebrar en 2023 en concurso de méritos y en 2024, la oposición de mínimos, ya que, según los funcionarios de la propia dirección general, hacer coincidir ambos procesos saturaría el sistema educativo, y no existen recursos suficientes para llevarlos a cabo sin problemas.

Sin embargo, este jueves la directora general, ha sugerido a modo de ‘globo sonda’ la posibilidad de hacer coincidir ambos procesos con un único argumento que la fase de prácticas de la ‘oposición especial ‘ no supere el 2024.

Rechazo sindical

A ello, los sindicatos docentes, especialmente UGT, se han negado, y han advertido que “no es necesario cambiar el calendario inicial para cumplir los plazos, porque el proceso práctico no tiene que ser de seis meses”, pues, según el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, así como el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, este proceso práctico podría ser de tres meses, con lo se cumplirían los plazos.  Además, en el caso de querer un proceso práctico de seis meses que se alargar al primer trimestre de 2025 no podría considerarse incumplimiento.

En concreto, según el Artículo 30 que se refiere a la Regulación de la fase de prácticas, deja abierto el proceso a un máximo de un curso escolar y mínimo de un trimestre, por lo que en el curso 2024/25 se podría hacer perfectamente, fundamentalmente si se tiene en cuenta que la mayoría  son docentes que ya han estado trabajos más de tres cursos en la educación pública. Así, el artículo 30, en su apartado uno, expone que “las Administraciones educativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de este Reglamento, regularán la organización de la fase de prácticas que incluirá un periodo de docencia directa que formará parte del procedimiento selectivo y que tendrán por objeto comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados. Este periodo de ejercicio de la docencia en centros públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores experimentados, preferentemente del correspondiente cuerpo de catedráticos y tendrá una duración mayor a un trimestre y no superior a un curso escolar y podrá incluir cursos de formación”.

Además, en el apartado dos, del mismo artículo, permite la posibilidad a las administraciones educativas de poder “regular la exención de la evaluación de lafase de prácticas de quienes hayan superado las fases de oposición y concurso de los procedimientos selectivos de ingreso a los cuerpos que imparten docencia y acrediten haber prestado servicios, al menos durante un curso escolar, como funcionarios docentes de carrera”.

Propuesta sindical: proceso en dos años

Desde los sindicatos, especialmente UGT, insisten en celebrar en 2023 el concurso de méritos, y en 2024 la ‘oposición especial’, ya que “celebrarlo  todo el próximo curso sería dejar indefensos a los propios profesores interinos que tendrían que afrontar un nuevo proceso con total incertidumbre, lo que podría deteriorar la calidad de la enseñanza pública, y más en un curso en que se pone en marcha una nueva ley educativa cuyo contenido de aplicación aún no está cerrada, y que supondrá un esfuerzo adicional por parte del profesorado que se encuentra indefenso ante las improvisaciones de la Conselleria”.

Esta situación, en opinión de los sindicatos, “contrasta con las directrices marcadas por el equipo directivo de la Conselleria de Educación desde 2015 tratando de planificar con suficiente tiempo de antelación los procesos de oferta pública de empleo con el objetivo de que el profesorado interino se pudiera planificar su vida, algo que se rompería ahora con esta decisión que obligaría al profesorado interino a realizar un esfuerzo adicional, y lo que era un derecho obligado por la Unión Europea de su estabilización profesional se convertiría en una trampa que los podría dejar sin trabajo en dos años, después de los esfuerzos realizados en los últimos dos años”.