Recurren los procesos de estabilización por no existir reserva por discapacidad, pero no se incluye experiencia en FP ocupacional

UGT denuncia que el procedimiento para consolidar docentes vía méritos incumple la ley de función pública al no recoger el cupo para personas con diversidad funcional

El sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos del País Valencià ha presentado un recurso potestativo de reposición contra la orden del 15 de noviembre de la Conselleria de Educación y Cultura  por la que se convoca el procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el personal docente vía concurso de méritos con el fin de que este proceso incluya una reserva para personas con diversidad funcional. Sin embargo, no se recurren la no inclusión como méritos la experiencia como expertos docentes en FP ocupacional, ni las responsabilidades en los centros educativos.

El sindicato, tras estudiar la orden, considera que incumple el decreto 70/2022 del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de personal docente no universitario en cumplimiento de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En concreto, el artículo 4 de este decreto regula la reserva para personas con discapacidad funcional tal como queda recogida en la nueva ley valenciana de Función Pública. Esta norma, aprobada por el Gobierno del Botànic en abril de 2021, fija la obligatoriedad de una reserva para personas con un grado de diversidad funcional  igual o superior al treinta y tres por ciento, siempre que esta sea compatible con el desempeño de las funciones propias de los puestos de trabajo docente y que superen los procedimientos selectivos. La ley valenciana es clara al respecto: “En todas las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad o diversidad funcional (…) siempre que superen los procesos selectivos en la modalidad que se establezca por tipo de discapacidad y acrediten su grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el tres por ciento de los efectivos totales en cada administración pública”.

Sin embargo, la orden publicada por Educación carece de esta reserva, lo que supone incumplir de forma clara y rotunda toda la normativa legal que protege en este ámbito, el acceso o ingreso a la función pública, a las personas con diversidad funcional. UGT Serveis Públics del País Valencià solicita a la Conselleria que rectifique y se incluya la reserva del 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas por el turno de diversidad funcional, repartidas de forma proporcional al número de plazas de cada cuerpo y especialidad docente.