Los errores en las adjudicaciones de inicio de curso calientan el inicio del curso político
La nueva Conselleria cierra el proceso de adjudicación en la madrugada de este miércoles mientras que sindicatos y partidos del Botànic reclaman responsabilidades
Este lunes finalizaba el plazo que se dio la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo para resolver los errores producidos en los procesos de adjudicación de plazas de inicio de curso. Veinticuatro horas después el proceso no se ha concluido. De hecho, la publicación definitiva se ha producido en la madrugada de este miércoles, y como no podría ser de otra forma políticos y sindicatos no han dudado en solicitar responsabilidades al nuevo equipo de gobierno de la Conselleria, a pesar de que una parte de la responsabilidad viene del anterior equipo y de las decisiones adoptadas al inicio del curso.
Y que este tipo de errores que tradicionalmente se han producido, pero que este año se han multiplicado considerablemente al haber juntado hasta tres procesos: concurso de méritos, concurso-oposición y adjudicaciones a interinos, y a ellos, hay que añadir los cambios producidos en la catalogación de plazas en la FP. Y, en este punto, como reconocían a este diario diferentes docentes, aquí empiezan las responsabilidades compartidas: “si la anterior Conselleria no hubiera juntado todos los procesos de estabilización en un año sólo posiblemente no se hubiera producido este caos”. De hecho, la decisión adoptada ha dejado a muchos docentes con seis y más años sin plaza fija al haber tenido que preparar una oposición en cinco meses, siendo pasado por opositores sin experiencia que llevaban todo el año opositando.
Y no acaban ahí, las responsabilidades del anterior equipo del Botànic. Según fuentes de la Consellleria actual, “desde el pasado 28 de mayo tras la derrota electoral buena parte de los directivos salientes dejaron de tomar decisiones, y las imprescindibles se adoptaban al límite”. Así, ha sucedido, según explica, con buena parte de las resoluciones vinculadas al proceso del concurso-oposición que se publicaban sin apenas tiempo de reacción para los opositores, rozando en alguno de los casos los plazos legales.
Además, al llegar a la Conselleria el nuevo titular de Educación, según fuentes de este departamento, la mayoría de cargos rechazaron la oferta del nuevo de continuar hasta que terminara este proceso, y forzaron su salida, “dejando todos los procesos incompletos sin haberse otorgado las instrucciones para poner en marcha los mecanismos informáticos oportunos para ejecutar las adjudicaciones”.
Vulneración del Estatuto Básico del Empleado/da Público/a
Ante esta situación desde la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOOPV) se apuntaba este martes que “estamos estudiando emprender acciones legales en lo referente a la presunta vulneración del Estatuto Básico del Empleado/da Público/a (EBEP), en sus cimientos de actuación, respecto al trato a la temporalidad en la ocupación pública, las irregularidades en la provisión tanto de funcionariado de carrera como personal interino, puesto que no se han establecido criterios transparentes y se está utilizando un procedimiento discrecional para resolver los errores al realizar las adjudicaciones de inicio del curso 23-24”.
Según el sindicato, “las adjudicaciones no está siendo transparentes ni garantizan los derechos del personal participante, se han vulnerado los derechos laborales del profesorado como sueño el descanso y la desconexión durante las vacaciones. Esto tiene efectos directos sobre su salud psicoemocional dando a un inicio de curso con un profesorado agotado anímicamente, y además, no garantiza la cobertura de todas las vacantes existentes en los centros porque no se han atendido correctamente las numerosas incidencias. Habrá un gran número de centros que no empezarán con suficiente personal”.
Además, advierten que este retraso que califica de “inusual e injusto” que están teniendo las adjudicaciones de este curso “podría derivar en más retrasos acumulados e incidencias graves en diferentes gestiones, como por ejemplo el alta en nómina”.
De la misma manera, desde UGT se ha calificado el proceso como “caótico” y se ha reclamado “responsabilidades” a la Conselleria para que se solucione lo antes posible “y se garantice que esta situación no se vuelva a producir”.
Responsabilidades políticas
Desde el PSPV-PSOE no se ha dudado en aprovechar la situación, y ya han solicitado la comparecencia del conseller ante las Cortes para que explique la situación generada. Según la portavoz socialista, Rebeca Torró, «tiene que haber algún responsable en el Gobierno de Mazón, por eso hemos al conseller Rovira que comparezca en Les Corts, tiene que dejar de esconderse, salir a dar explicaciones y garantizar una solución de manera urgente»,
Torró considera que «el PP está avanzando en su hoja de ruta para desmantelar los servicios públicos». En su opinión, «este solo es un paso más para acabar con el acceso a la educación pública y de calidad en la Comunitat Valenciana», y ha destacado que «el PP ha generado una factura económica y personal incalculable a todos estos profesores y sus familias».
Desde Compromís, que gestionaba este área en el gobierno del Botànic, ha exigido al president Carlos Mazon que «destituya inmediatamente» a Sancho de su cargo por «respecto a los 21.000 docentes afectados por el colapso en el proceso de adjudicación».
