Las autonomías recibirán una financiación de 154.467 millones en 2024, un 14,9% más
La Comunitat, según la información facilitada por el Ministerio, contará el próximo año con 12.555 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y con 2.699 millones por la liquidación definitiva del ejercicio 2022. El Consell exige abrir la negociación de la financiación autonómica y aumentar la tasa de déficit al 0,3%
El Gobierno ha comunicado este lunes a las Comunidades Autónomas que recibirán del Estado los mayores recursos de la historia, con 154.467,33 millones. Esto supone alcanzar una nueva cifra récord para las CCAA, al incrementarse un 14,86% con respecto al año 2023. Así, lo ha anunciado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha presidido. Una reunión en la que Montero ha trasladado a las autonomías que volverá a reabrir el debate sobre la reforma del sistema de financiación y en la que les ha comunicado que su objetivo de déficit se flexibilizará a cambio de un mayor esfuerzo de la Administración Central.
Esta histórica dotación para las CCAA y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se explica con las entregas a cuenta, que llegan a los 134.658,34 millones, un 8,34% más que en 2023. A esta cifra hay que sumar la previsión de liquidación de 2022, que es la diferencia entre la estimación de ingresos para las autonomías (entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, y cuya liquidación se realiza con dos años de decalaje, que se sitúa en los 20.745,77 millones. Por último, hay que restar a la suma de ambos conceptos las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, como marca la ley, cifradas en 936,83 millones.
La Comunitat Valenciana, según la información facilitada por el Ministerio, contará el próximo año con 12.555 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y con 2.699 millones por la liquidación definitiva del ejercicio 2022.
Estas dos cifras son las que permiten alcanzar esos 154.467,23 millones destinados a los Ejecutivos autonómicos, lo que permitirá a las CCAA disponer de una financiación adaptada a la coyuntura económica actual, como ha destacado la vicepresidenta cuarta.
Esta medida facilitará a las Comunidades y Ciudades Autónomas financiar sus actuaciones administrativas y políticas sociales. Este último es el ámbito por el que el Gobierno ha incrementado cada año los recursos para las regiones, dada la prioridad de garantizar un Estado del Bienestar que esté fortalecido para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Algo imprescindible para afrontar los desafíos que puedan surgir, como ocurrió con la pandemia de coronavirus.
Montero ha destacado el compromiso del Gobierno con el Estado de las autonomías, resaltando que son estas las que «prestan servicios públicos tan esenciales para los ciudadanos como la sanidad, la educación o los servicios sociales». Por eso, ha defendido la política de incrementar cada ejercicio «los recursos necesarios para que puedan realizar esos servicios públicos fundamentales» para que ciudadanas y ciudadanos cuenten con asistencia de la mayor calidad posible.
Así, ha recordado que en los últimos cinco años las comunidades autónomas han recibido un 40% más de recursos que en los años anteriores . En total, 180.000 millones de euros más a los que hay que sumar los recursos de los fondos europeos Next Generation, en los que las CCAA son las principales receptoras gracias a la política de cogobernanza puesta en marcha por el Gobierno central.
Déficit del 0,1%
De igual manera, se ha anunciado el del regreso de las reglas fiscales para el próximo año, suspendidas durante los últimos años a causa del gasto sobrevenido por la pandemia y el incremento de precios en todos los ámbitos al que contribuyó la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
En concreto, en los objetivos de estabilidad se incluirá una tasa de déficit del 0,1% para las regiones, dejando atrás el equilibrio presupuestario previsto en la senda incluida en el Programa de Estabilidad de abril. Una décima más que será asumida por la Administración Central, que evidencia así su compromiso con dar las mayores facilidades al Estado de las autonomías.
Nuevo sistema financiación
Por su parte, la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha reclamado la reactivación inmediata de la reforma del sistema de financiación autonómica, y que habilite un fondo transitorio que permita a las regiones infrafinanciadas como la Comunitat Valenciana recibir los recursos necesarios para igualarse al menos a la media de comunidades autónomas de régimen común mientras se aprueba una nueva Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Merino ha lamentado que el Gobierno haya reducido esta reunión del CPFF, la primera que se celebra desde julio del año pasado, a un mero “trámite” para informar de los objetivos globales de estabilidad para la Administración General y las CC.AA. sin haber previsto en el orden del día la reforma pendiente del sistema de financiación. Ha tenido que ser en el turno de ruegos y preguntas cuando la consellera de Hacienda ha vuelto a reclamar el cambio en un modelo de financiación que durante las últimas dos décadas ha mantenido a los habitantes de la Comunitat Valenciana alrededor de ocho puntos por debajo de la media de comunidades en términos de financiación por habitante.
A su salida de la reunión, ha mostrado su “decepción” por el hecho de que la ministra Montero “se haya dedicado a echar balones fuera”. “No asume su responsabilidad de llevar la iniciativa en acometer de nuevo la reforma del sistema de financiación, que ya está dentro de un cajón desde hace mucho tiempo. Nos preocupa realmente porque los servicios fundamentales de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana dependen de este sistema de financiación, y de su reforma urgente e inmediata”, ha manifestado.
Además, Merino también ha exigido que, mientras no se ponga en marcha y sean “valientes” para acometer la reforma del sistema de financiación, se le proporcione a la Comunitat Valenciana un fondo transitorio de nivelación “que equipare a los ciudadanos de la Comunitat al resto de los ciudadanos de España”. En su opinión, la ausencia de Cataluña en el CPFF es “la evidencia de lo que está ocurriendo” y responde a una “indignante hoja de ruta” que consiste en abrir una negociación bilateral que “rompe el principio de igualdad entre todos los españoles en temas tan importantes como la financiación, detrás de la cual está el bienestar de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos fundamentales”, que deben tratarse en un foro multilateral como el CPFF.
Voto en contra del 0,1% de déficit
Además, Merino ha explicado que la Comunitat Valenciana, junto a todas las demás CC.AA. –excepto Asturias y Castilla-La Mancha, que han votado a favor junto al Gobierno– ha votado en contra del objetivo de déficit del 0,1% planteado por el Ministerio para el conjunto de las CC.AA. porque supone concentrar sobre las autonomías la mayor parte del esfuerzo que España tendrá que realizar para reducir al déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 3% el próximo año.
A pesar del posicionamiento mayoritario de las autonomías en contra de limitar el déficit del conjunto de las CC.AA. al 0,1%, el Ministerio de Hacienda ha impuesto su mayoría de voto en el CPFF para aprobar un límite de déficit del 0,1% para el próximo año. En una próxima reunión del CPFF se deberán aprobar los objetivos de déficit individuales para cada una de las comunidades.
Merino ha criticado que, a la hora de determinar cómo se reparte el esfuerzo de reducción del déficit, el Gobierno central no haya tenido en cuenta la posición de partida de las CC.AA. y que el Estado se haya reservado el 97% del déficit autorizado. Esta circunstancia obliga al conjunto de las CC.AA. de régimen común a cerrar el ejercicio con un déficit de 0,1% sobre el PIB, a pesar de que gestionan el 35% del gasto total.
Por ese motivo, la Comunitat Valenciana ha defendido la elevación del déficit autorizado para 2024 hasta el 0,3%, el mismo establecido como nivel de referencia en los Presupuestos Generales de 2023.
