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Alicante rechaza la ocupación ilegal y defiende la seguridad en las comunidades de vecinos

La corporación municipal respalda la proposición de Ley Orgánica del Senado para modificar el marco legal y proteger y atender a los vecinos ante los okupas, y apoya una declaración institucional a los agricultores en su reclamación de mejores condiciones y precios justos en la Ley que regula la cadena alimentaria

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este jueves la ocupación ilegal y ha defendido la convivencia y la seguridad en las comunidades de propietarios. El grupo popular ha defendido una declaración institucional para mostrar su respaldo a la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, aprobada recientemente en el Senado.

La sesión plenaria se ha iniciado con la corporación guardando un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia machista y de las víctimas del incendio de Valencia. En la reunión ordinaria de febrero también se han aprobado otras cuestiones relacionadas con la mejora de la gestión de la edificabilidad y el suelo dotacional de la Universidad de Alicante, el mantenimiento del modelo de gestión indirecta de la zona azul y se ha dado cuenta de la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2024 tras descartarse las alegaciones y se asciende a 360 millones de euros, entre otras cuestiones.

Ocupación ilegal

El pleno se ha pronunciado en contra de la ocupación ilegal de viviendas y en defensa de las comunidades vecinales en una declaración institucional presentada por el grupo Popular que ha sido aprobada por mayoría con los 18 votos del PP (14) y Vox (4) y 11 votos en contra del PSOE (8), Compromís (2) y EU-Podem (1).

En el debate, el concejal de Seguridad Ciudadana, Julio Calero, ha reclamado al Gobierno “para combatir esta forma de delincuencia y salvaguardar la propiedad o la posesión legítima y pacífica», que «el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección efectiva de los titulares de derechos y, además, ha de tener en cuenta un bien jurídico a proteger que hasta ahora no ha tenido debida consideración: la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas”.

En este sentido, ha señalado que “el fenómeno de la okupación nada tiene que ver con aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda, ni con la pobreza”. “Los okupas son delincuentes organizados. Y, por ello, al okupa no se le desahucia, al okupa se le desaloja, y al vulnerable se le protege”, ha argumentado.

Al mismo tiempo, ha denunciado que “en España hay 100.000 inmuebles ocupados ilegalmente y es un fenómeno que no ha dejado de crecer desde que Sánchez gobierna, incrementándose las denuncias por okupación en un 37%”. En la provincia de Alicante, ha añadido, “las cifras son alarmantes pasando de las 40-50 viviendas okupadas en 2016 a 300 en 2022”.

Calero ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que es necesario “asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito y, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía” y ha solicitado que se sancione «la recuperación del delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años para que se puedan tomar medidas cautelares, así como la imposibilidad de que los okupas se puedan empadronar y tener acceso a beneficios y endurecer las penas en caso de que se trate de mafias organizadas».

Cadena alimentaria

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante también ha respaldado a los agricultores alicantinos en su reclamación de precios justos y condiciones dignas, a través de una declaración institucional presentada por el equipo de gobierno del Partido Popular. La iniciativa ha salido adelante con el voto a favor de PP (14) y PSOE (8) y la abstención de Vox (4), Compromís (2) y EU-Podem (1), después de aceptarse tres enmiendas presentadas por el grupo socialista potenciando el etiquetado que permita reconocer el producto local y el refuerzo del mercado de productores de kilómetro cero.

El concejal de Presidencia, Antonio Peral, ha defendido esta declaración en la que ha reclamado al Gobierno de España «la defensa de una implementación eficaz y un refuerzo de la Ley de Cadena Alimentaria que asegure un marco justo y equitativo para todos los eslabones del sector agrario a través de un mayor control y sanciones efectivas para detener las prácticas desleales y asegurar que los agricultores reciban un precio justo por sus productos». Peral también ha defendido «la protección frente a la competencia desleal mediante el incremento de los controles en las importaciones y la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países».

Además, el edil ha reclamado «soluciones inmediatas y efectivas para la crisis hídrica que enfrenta el campo alicantino, incluyendo la finalización de las infraestructuras necesarias para los trasvases de agua incluyendo compromisos firmes y por escrito que aseguren que las necesidades de agua de la provincia no se verán mermadas y la garantía de un suministro de agua desalada accesible y sostenible para el riego agrícola».

Otros acuerdos

El Pleno ha aprobado también el modelo de gestión de los servicios públicos municipales que regulan el estacionamiento en superficie y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos mediante concesión indirecta, popularmente conocida como la ORA o zona azul. De esta forma, se acuerda mantener el mismo sistema de control del estacionamiento en zona azul mediante gestión indirecto por criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad, como paso previo a la licitación del nuevo contrato tras finalizar el actual el 22 de mayo. La medida ha sido respaldada por el PP y Vox, con la abstención del PSOE y el voto en contra de Compromís y EU-Podem.

También se ha dado cuenta de la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2024, tras no encontrarse fundamento en las reclamaciones presentadas y resultar inadmitidas. Las cuentas para este ejercicio ascienden a 359,26 millones de euros, la cifra más elevada en la historia del consistorio, y que supone un incremento de 27,8% con respecto al último aprobado en 2022. Destacan en entre las grandes cifras los 28 millones destinados a ayudas sociales y los 48 a inversiones plurianuales.

De la misma forma, también se ha aprobado por unanimidad el proyecto de modificación puntual número 2 del Plan Especial de Reserva de Suelo Dotacional de la Universidad de Alicante, con el que entre otras cuestiones de facilita el aumento de 16 a 19 metros de altura de coronación en la construcción y se compromete el desarrollo de los 800.000 metros cuadrados en el Parque Científico, entre otras cuestiones.

También se ha aprobado la propuesta de Alcaldía para que las concejalas del Consistorio, Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, sean las síndicas en la Romería de la Santa Faz del jueves 11 de abril. Y como Caballeros Custodios de la Reliquia desde que sea extraída del camarín, Salvador de Lacy Pérez de los Cobos – Marques de Lacy- y Eleuterio Llorca Martínez.