Las Comunidades Autónomas recibirán del sistema de financiación  147.412 millones de euros, un 9,5% más

El Consell reclama la reforma del sistema de financiación autonómico y le insta a aprobar de forma inmediata un fondo transitorio de nivelación que garantizaría la “igualdad real” entre españoles en términos de financiación ajustada por habitante

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comunicado este lunes  a las Comunidades Autónomas (CCAA) y Ciudades de Ceuta y Melilla que recibirán del Estado en 2025 en concepto de entregas a cuenta 147.412 millones de euros, lo que supone un 9,5% más con respecto a 2024,

Montero ha hecho este anuncio durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que ha presidido y al que han asistido por primera vez todos los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, incluido el de Cataluña, y donde ha comunicado que los objetivos de déficit, volverán a flexibilizarse para que cuenten con mayor margen fiscal.

Según ha explicado, tanto las CCAA como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla dispondrán de 158.167 millones si a las entregas a cuenta se suma la liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos (entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, y que alcanza los 11.692 millones de euros. En total, un 2,5% más de financiación que lo previsto para este 2024.

De esta manera, desde el gobierno central, en su opinión, “se pretende dotar a los territorios de la financiación suficiente para prestar los mejores servicios públicos a los ciudadanos. Algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva aplicando desde su llegada de al poder”.

Montero ha recordado otras medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda en beneficio de las comunidades autónomas como la decisión de mantener inalterables las entregas a cuenta durante la pandemia, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación. O la aprobación de recursos directos por importe de casi 30.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del COVID y que han supuesto la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación.

Además, ha recordado que las CCAA han contado hasta 2023 con 26.595 millones de euros en fondos europeos. Un respaldo que es resultado de la política de cogobernanza que abandera el Ejecutivo central.

Reforma de la financiación

De igual manera, María Jesús Montero ha vuelto a hacer hincapié en el CPFF en la predisposición del Gobierno para negociar una reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo actual, vigente desde 2009, ha permitido dar en estos siete años los mayores recursos de su historia a los territorios. Pero la vicepresidenta primera ha señalado que “eso no significa que no haya que mejorar el modelo porque sea perfecto”. Por lo que ha hecho un llamamiento a abandonar las “posiciones de máximos” y “sentarse y dialogar” para pactar un modelo que pueda satisfacer a todos.

A la espera de una postura más clara de los grupos políticos de la oposición, la titular de Hacienda ha mantenido el compromiso de asumir una parte de la deuda que las autonomías generaron durante la crisis financiera. “La medida mejorará las cuentas públicas de todas las comunidades autónomas de régimen común sin excepción”, ha apuntado Montero, que ha insistido en que el Gobierno tiene la mano tendida para seguir mejorando los recursos de los territorios.

Objetivos de déficit

Además de comunicar en el encuentro con los consejeros de Hacienda que sus autonomías recibirán de nuevo los mayores recursos de la historia, Montero ha explicado la nueva senda de déficit 2025-2027 de las Administraciones Públicas, que volverá a permitir a las CCAA tener un mayor margen fiscal.

Para el conjunto de las Administraciones Públicas, el objetivo de déficit se sitúa en el 2,5% del PIB en 2025 frente al 2,7% que contempla la senda anterior y que es la que figura en el Programa de Estabilidad 2024-2026. Para 2026, el límite estará en el 2,1% en lugar del 2,5% que contemplaba la senda anterior. Y para 2027, se situará en el 1,8%.

Según ha señalado, las autonomías contarán con un mayor margen fiscal, pues, el objetivo de estabilidad para ellas en 2026 queda fijado en el -0,1% frente al superávit del 0,1% que contemplaba la senda anterior. Ello implica dos décimas más de margen fiscal. Para 2026 y 2027, el límite de déficit también será del -0,1%.

Por su parte, los ayuntamientos y corporaciones locales también dispondrán con una senda de estabilidad más beneficiosa. Para el año 2025 y 2026, el objetivo de estabilidad municipal será de equilibrio presupuestario, cuando la senda vigente hasta ahora contemplaba un superávit del 0,1% y del 0,2%, respectivamente.

Fondo de nivelación

Desde la Comunitat Valenciana, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha reclamado este lunes al Gobierno que reabra la negociación para reformar el sistema de financiación autonómico y le ha instado a aprobar de forma inmediata un fondo transitorio de nivelación que garantizaría la “igualdad real” entre españoles en términos de financiación ajustada por habitante en lugar de “plegarse a la ruptura del sistema” que persiguen los independentistas catalanes con un consorcio fiscal y una financiación “singular” para Cataluña.

Durante su intervención ha defendido ante la ministra y los representantes de Hacienda de todas las CCAA –incluida Cataluña– la propuesta diseñada por los expertos valencianos en financiación como una propuesta “solidaria, justa, asumible y efectiva para acabar de inmediato con las inaceptables diferencias en el reparto de recursos para sanidad, educación y servicios sociales que reciben las comunidades autónomas”. Una propuesta que plantea un Fondo de Nivelación Transitorio para las autonomías infrafinanciadas mientras se reforma el modelo actual.

Merino ha reivindicado el trabajo realizado por los expertos de la Comunitat y ha reiterado que esta propuesta va dirigida a reducir la brecha de financiación existente entre las distintas autonomías y a garantizar la igualdad en la prestación a servicios.

Al respecto, ha explicado que, aunque el fondo beneficiaría inicialmente a las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas (Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha), en los años sucesivos se incorporarían más regiones como perceptoras de este fondo.

El coste total inicial del fondo de nivelación sería de 3.237 millones, de los cuales la Comunitat Valenciana recibiría el primer año 1.183 millones, elevando su financiación del 91,8% al 96,4% de la media. Si se aplicara durante cuatro años, el coste promedio anual sería de 6.100 millones de euros en total y la Comunitat Valenciana recibiría una media anual de 1.782 millones de euros, alcanzando en 2027 el 99% de la financiación media.

Desde el segundo año vigencia del fondo, diseñado con un horizonte de legislatura, entrarían como receptoras regiones como Galicia, Madrid o la propia Cataluña. “El nuestro sí es de verdad un modelo de solidaridad pensado para toda España porque evita que haya ciudadanos de segunda. Mientras nosotros pedimos acabar con esta injusticia; Cataluña pide acabar con el sistema mismo”.