La CEV solicita la aprobación de un Real Decreto-ley para paliar los daños causados por la DANA en la provincia de Valencia

Reclama la aplicación de ERTE, aplazamientos de impuestos e incentivos para la reactivación económica que faciliten la recuperación de todos los sectores afectados

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha solicitado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la aprobación en Consejo de Ministros de un Real Decreto-ley,  similar al aprobado tras la destrucción causada por el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma,  que implemente medidas urgentes para la reparación de los daños y la reconstrucción económica y social tras los graves efectos de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en la provincia de Valencia.  Así se lo ha trasladado en la reunión mantenida hoy, en la sede de Delegación de Gobierno, junto al resto de agentes sociales, UGT-PV y CCOO-PV, y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira.

Para la CEV es fundamental que se dé una respuesta inmediata y eficaz, que contemple un amplio espectro de medidas dirigidas a apoyar a las personas y empresas afectadas, con el objetivo de posibilitar la recuperación y la continuidad de las actividades económicas de personas autónomas y empresas afectadas por la DANA.

Así, ha pedido que la propuesta de la CEV se aborde en la Mesa de Diálogo Social y que el Consejo de Ministros apruebe un Decreto-Ley que incluya las medidas que recoge el documento elaborado desde la Confederación.

Entre las principales propuestas se incluyen la adopción inmediata de medidas de asistencia y apoyo a los afectados por la DANA en la provincia de Valencia, así como, para la reparación de sus consecuencias y el impulso de la reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental, así como ayudas en el ámbito laboral y de Seguridad Social, incluyendo la posibilidad de aplicar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) específicos para los casos de fuerza mayor derivados de la DANA y la suspensión total de obligación de pago de cotizaciones por las empresas, exonerando de su pago a la Seguridad Social durante la duración del ERTE DANA.

De igual manera, la patronal   reclama aplazar o reducir las cargas tributarias y simplificar los trámites administrativos para las empresas y autónomos. Al respecto, se recuerda que las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre se cargaron el 30 de octubre, un día después de la DANA y cuando ya se conocían sus graves consecuencias; y las de octubre, si no se aplazan, se cargarán el 30 de noviembre. En el ámbito financiero se solicita la creación de líneas de liquidez e inversión para los afectados, además incentivos para la reactivación económica que faciliten la recuperación de todos los sectores afectados, y la protección de la biodiversidad y los espacios naturales, considerando los daños medioambientales en las áreas afectadas.

Según Navarro, “la reconstrucción no solo debe abarcar la recuperación de infraestructuras y servicios, sino incluir también un enfoque de apoyo integral que garantice la continuidad de la actividad económica y el bienestar social de los afectados”.

En relación a la vuelta al trabajo y ante las recomendaciones hechas desde el Ministerio de Trabajo, el presidente de la CEV ha insistido, como ya hizo en cuánto se supo del alcance de los efectos de la DANA, en que en todo caso debe primar la seguridad.  Salvador Navarro ha sido contundente al asegurar que para el sector privado la prioridad es no poner en riesgo a los trabajadores y así se lo ha transmitido a la Ministra de Trabajo.

“Las empresas se han volcado con los damnificados. No sólo las de la Comunitat Valenciana, las del resto del país también. Nos han llamado desde todas las comunidades para ofrecer ayuda.  Decir que no hay que acudir al trabajo si existe riesgo es tan obvio que cae por su propio peso, pero aun así fuimos los primeros en salir diciendo que lo primero es la seguridad. Lo importante son las personas. Además, muchas han perdido el coche y no hay transporte público, el acceso a numerosos polígonos industriales es muy difícil o imposible. Nadie puede obligar a ir a trabajar a las personas afectadas y si es así existen canales para denunciarlo. Seamos todos responsables. Ni las empresas pueden obligar a ir al trabajo ni los gestores públicos tienen que transmitir una imagen de las empresas que no se corresponde con la realidad”, ha concluido.