La plataforma de la enseñanza pública sale a la calle contra la gestión educativa durante la DANA
Educación asegura que se hace todo lo posible para retomar la normalidad, y reclama la unidad de toda la comunidad educativa, mientras que Compromís celebra la admisión a trámite por el Constitucional su recurso contra la Ley educativa de Mazón
Nueva manifestación de una parte de la comunidad educativa contra la actual equipo de la Conselleria de Educación. Este sábado alrededor de unas 5.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han salido a la calle en Valencia para protestar con la gestión educativa durante la DANA.
La convocatoria ha partido de la Plataforma per l’Ensenyament Públic, que en mayo promovió una huelga secundada apenas por el 40 por ciento de la comunidad educativa, y se ha desarrollado sin incidentes con el lema ‘Mazón y Rovira, dimisión’ denunciando la lentitud en la recuperación de los centros educativos y la falta de soluciones efectivas para la escolarización de los alumnos afectados.
Desde FAMPA Valencia se ha acusado a la Conselleria de Educación de no haber puesto los medios necesarios para la desinfección y limpieza de los centros, abriéndose, en su opinión, muchos de ellos sin comprobar su estado.
Por su parte, desde los sindicatos convocantes se ha denunciado la falta de aptitud y actitud de la Conselleria de Educación a la hora de gestionar la vuelta a clase en las zonas afectadas, reclamando permisos especiales para los docentes afectados. Asimismo, han vuelto a criticar la gestión educativa de la conselleria, especialmente la ley de Libertad Educativa y la suspensión del acuerdo de plantillas del Botànic.
Retomar la actividad educativa con garantías
Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha destacado la labor que se está desarrollando “desde el primer momento desde Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo para que el alumnado de centros afectados por la riada vuelva a las aulas con las máximas garantías de seguridad y salubridad”.
McEvoy ha señalado que “hemos estado en contacto con los ayuntamientos, centros educativos, con los padres y madres… para escuchar sus necesidades. Hemos ofrecido diferentes soluciones que se están adoptando según la situación particular de cada centro y cada municipio”.
De este modo, se ha puesto en marcha el traslado de alumnado a otros municipios, entradas progresivas e incluso habrá que adoptar otras medidas en los centros más devastados como es la ubicación de aulas prefabricadas. Desde el 11 de noviembre alrededor de 32.000 alumnos de municipios afectados por la riada se han reincorporado a las clases. En su opinión, “se están llevando a cabo tareas de limpieza extraordinarias en los centros educativos a través de TRAGSA y VAERSA. El conseller, directores generales, inspectores y técnicos de la Conselleria han estado en centros de las zonas dañadas en varias visitas. Pero no hemos ido a hacernos la foto”.
En este sentido, ha recordado que se han tomado diferentes medidas para facilitar la educación de niños y jóvenes, como es “la acogida extraordinaria, las ayudas para reponer libros de texto y materiales curriculares…”.
Finalmente, ha indicado que en este momento tan delicado que estamos atravesando “no es el momento de la división, es el momento de la unidad de toda la comunidad educativa, de apoyarnos y trabajar juntos para volver a la normalidad en las aulas”.
Recurso de inconstitucionalidad
De igual manera, Compromís ha celebrado este sábado que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite y vea contenido de peso e indicios de inconstitucionalidad de la Ley educativa de Mazón. Compromís impulsó el texto con la firma de cincuenta diputados y diputadas de la coalición valencianista, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Juntos y BNG, por considerar que va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española y varias leyes educativas de rango superior.
Según la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Mico, “con la admisión a trámite de este recurso demostramos que en cuantas más instituciones tengamos representación, más fuerza podemos hacer para impulsar acciones como esta: sin haber unificado voluntades de varios grupos parlamentarios del Congreso, nunca hubiésemos podido impulsado este recurso, que consideramos una de las actuaciones más contundentes que podemos llevar a cabo para conseguir que una ley tan nefasta quedo invalidada”.
El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha comentado que “estamos muy satisfechos que el TC haya aceptado a trámite nuestro recurso, porque significa que hay indicios claros de inconstitucionalidad en la Ley Educativa de Mazón. Por lo tanto, esta ley se tiene que paralizar y no puede cambiar el sistema educativo cuando hay un tribunal tan importando que va a juzgar las posibles ilegalidades de la normativa”.
