Ser juez en España

Ha pasado una semana horrible judicialmente para el PSOE y para el entorno de La Moncloa, en la que han prestado declaración ante los tribunales José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y Begoña Gómez. En todos los casos, el argumentario oficial es el mismo: nos encontramos ante una campaña de calumnias del PP con la colaboración inestimable de algunos jueces.

Esa apelación a la parcialidad y falta de independencia judicial ya ha sido esgrimida en otras ocasiones. Bate recordar el juicio por el golpe de Estado en Cataluña el 1-O, en que se pusieron en cuestión todas instituciones del Estado, particularmente la judicatura.

Lo tienen claro, pues los jueces españoles, acusados una vez sí y otra también de prevaricación. A esto ayuda la existencia de varias asociaciones profesionales de la judicatura y la adscripción a una u otra de una gran parte de los togados españoles, con lo que se supone muchas veces una intencionalidad política en sus resoluciones.

Lo cierto es que la profesión de magistrado no tiene ya el aura de prestigio y respeto de antaño, sino que empieza a ser un castigo profesional al que se suma la cantidad ingente de casos que no dan abasto a ver en sus tribunales. Si a eso se le suman las acusaciones cruzadas que se dan preferentemente en el ámbito político, el trabajo judicial crece sin parar. Por eso no es de extrañar que a veces se produzca la excarcelación de presuntos delincuentes en prisión condicional por superarse el plazo de detención de un individuo sin condena previa.

Visto lo visto, está claro que ya no se le tiene el respeto y la consideración debida a nuestros jueces y eso es una desgracia porque así siempre se pondrán en tela de juicio las resoluciones judiciales.