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La DANA ‘tensiona’ el sistema de seguros de España

Mientras el consorcio de seguros ha pagado alrededor del 35% de las indemnizaciones, las compañías incrementan sus pólizas en torno al 25%

Más allá de los daños ocasionados, la DANA ha tenido un efecto en todos los habitantes de la provincia de Valencia. Al menos, eso se desprende de las propuestas de renovación de los seguros para 2025 que muchos ciudadanos valencianos han recibido para este año.

Y es que, por norma general, excepto algunas excepciones, la mayoría de habitantes de la provincia han visto incrementadas sus pólizas en sus seguros del automóvil alrededor de un 25% a pesar de no haber generado ningún coste en su póliza por no tener ningún accidente. Un incremento que, según explicaba a este diario, un abogado se justifica por el coste de indemnizaciones que es está teniendo que pagar como consecuencia producidos por la DANA.

Ello se debe a que después el pago de la DANA el fondo de garantía para catástrofes del Consorcio tendrá que volverse a generar, y para ello, se están subiendo las pólizas, ya que en su cálculo para el año siguiente no se tiene en cuenta los partes individuales sino los globales, y esta catástrofe los ha incrementado considerablemente.

Dicho porcentaje contrasta con lo pagado hasta la fecha como indemnización por los daños ocasionados por la DANA que hasta el momento dos meses después únicamente se ha pagado un 35% de las solicitudes, es decir, la maquinaria administrativa del estado vuelve a demostrar su lentitud frente a maquinarias privadas, como las ayudas otorgadas por Juan Roig que su pago se ha realizado al margen de las administraciones. Esta situación ha generado un descontento entre los usuarios que se sienten desprotegidos ante la lentitud de los pagos mientras que sus pólizas se han incrementado.

Y es que para el pago de las 235.933 solicitudes se tiene que realizar un largo proceso, que no se ha recortado ante la magnitud de la tragedia, demostrando excesiva burocracia del proceso. Así, se ha asignado un total 231.485 expedientes a los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y a los de las entidades aseguradoras que colaboran en la gestión de esta siniestralidad en virtud del memorando firmado el 13 de noviembre entre el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) y el Procedimiento Operativo Especial entre el CCS y Unespa para la colaboración de las entidades aseguradoras en la gestión y peritación de daños producidos en vehículos, viviendas y comunidades de propietarios, locales comerciales y oficinas.

Este trámite según explica el Consorcio en sus actualizaciones de pago por la DANA es imprescindible para el pago, pues, “el Consorcio gestiona un seguro, y como tal necesita cumplir con unos requisitos previos y necesarios antes de realizar el pago, como es la peritación de los bienes dañados, la elaboración del informe por los peritos con la cuantificación de los daños, la comprobación de las condiciones generales y particulares contratadas por el asegurado y el pago del recargo de riesgos extraordinarios correspondiente, así como las comprobaciones sobre la titularidad del bien dañado, la titularidad de la cuenta corriente, y así realizar el pago a la persona titular del bien dañado. Las indemnizaciones a cada persona asegurada varían en función del seguro que tenga contratado cada una”.

El Consorcio de Compensación de Seguros ha desembolsado hasta la fecha 1.148.092.638 euros. Esta cantidad no es todavía ni la mitad de los 236.988 registradas según la última actualización del gobierno, ya que aún están en tramitación 231.934 solicitudes, habiéndose pagado alrededor de 5.054. Todo ese dinero sale del fondo de contingencia que ha tenido que asumir este organismo dependiente del Ministerio de Economía, pero es la cantidad más alta abonada en sus 70 años de vida, según su propia estadística de riesgos extraordinarios.

El dinero sale del fondo de garantía para catástrofes del Consorcio, que se nutre de las aportaciones que hacen los asegurados a través de las compañías privadas. Un pequeño porcentaje de las primas de cada póliza se destina a este fondo. Millones de aportaciones individuales generan una hucha de unos 800 millones de euros anuales. El Consorcio invierte ese dinero en productos financieros como deuda pública. Cuando llegó la DANA había en el colchón alrededor de 10.000 millones. Para afrontar esa gestión, el organismo suscribió un acuerdo con las compañías aseguradoras privadas para manejar las solicitudes, 236.988 han llegado hasta ahora. Unos 1.500 peritos colaboran o han colaborado en el análisis de los daños, aunque fuentes gubernamentales admiten que la magnitud del desastre ha desbordado las capacidades de todas las administraciones, mientras que únicamente se han materializado al completo las ayudas otorgadas por Juan Roig que su pago se ha realizado al margen de las administraciones. De esta manera,  el funcionamiento de la maquinaria administrativa del país ha quedado muy cuestionada por los funcionarios.

Así, tras el pago de la DANA el fondo de garantía para catástrofes del Consorcio tendrá que volverse a generar, y para ello, se están subiendo las pólizas, ya que en su cálculo para el año siguiente no se tiene en cuenta los partes individuales sino los globales, y esta catástrofe los ha incrementado considerablemente.