El sindicato insta a la Conselleria a acatar sin más demora los autos del TSJCV y recuerda que el incumplimiento de una resolución judicial puede acarrear graves responsabilidades

El sector de Enseñanza de UGT Serveis Públics PV ha formalizado hoy su personación en los procedimientos judiciales abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para exigir el cumplimiento inmediato de los autos de medidas cautelares que la Conselleria de Educación viene incumpliendo de forma sistemática desde mayo de 2024. Con una nutrida representación sindical, UGT ha registrado sendos escritos con el objetivo de reforzar la ejecución de las resoluciones judiciales que obligan a la Conselleria a aplicar los acuerdos de plantillas anulados de manera arbitraria e ilegal por el conseller José Antonio Rovira mientras se resuelve el procedimiento judicial principal.

La Sala 2ª del TSJCV ordena en los autos de medidas cautelares que ha dictado la suspensión de la denuncia de los acuerdos de plantillas firmados en la Mesa Sectorial de Educación el 27 de junio de 2023 y ratificados por el Consell de la Generalitat el 6 de julio de 2023. Estas resoluciones judiciales dejan claro que la decisión del Gobierno de Carlos Mazón de anular dichos acuerdos es contraria a derecho y carece de justificación legal. A pesar de ello, la Conselleria sigue incumpliendo las resoluciones del tribunal, ignorando deliberadamente los principios de seguridad jurídica y estabilidad laboral del profesorado.

En sus autos (se han dictado dos) el tribunal ha señalado que la denuncia de los acuerdos de plantillas fue «intempestiva e irregular», sin soporte jurídico válido y fuera del marco legal del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, los autos subrayan que la Conselleria no ha justificado la existencia de una «causa grave de interés público» que pudiera justificar la suspensión de los acuerdos, lo que desarma por completo la argumentación del gobierno autonómico.

El TSJCV establece que la falta de aplicación de los acuerdos afecta a un gran número de docentes y tiene consecuencias de muy difícil reparación, lo que justifica la adopción de medidas cautelares para preservar la estabilidad del sistema educativo valenciano. A pesar de la claridad de los autos judiciales, la Conselleria de Educación ha mantenido su negativa a cumplir con la legalidad, lo que obliga a UGT a dar un paso más en su defensa del profesorado.

Ante esta situación, UGT ha tomado la determinación de personarse en la causa para garantizar que la Generalitat Valenciana no continúe vulnerando los derechos del profesorado. El sindicato recuerda que el incumplimiento de una resolución judicial puede acarrear graves responsabilidades, por lo que insta a la Conselleria de Educación a acatar sin más demora los autos del TSJCV y aplicar de inmediato los acuerdos de plantillas.

UGT seguirá impulsando todas las acciones necesarias para defender el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza a unas condiciones laborales dignas y justas, así como para garantizar el cumplimiento de la legalidad en la gestión educativa. La actuación unilateral y arbitraria del consell del president Mazón y el conseller Rovira, no solo pone en riesgo la estabilidad de miles de docentes, sino que representa un desprecio absoluto por las normas democráticas y el Estado de Derecho.