La juez de la DANA cita al presidente de la CHJ y a las alcaldesas de Paiporta y Catarroja
La magistrada ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical previo pago de sendas fianzas de 6.000 euros, y desestima un recurso de reforma el recurso contra la denegación de la obtención indiscriminada de los audios de las llamadas de auxilio al 112
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha dictado seis nuevos en el marco de la investigación penal de la Dana, llamando a reclama a 13 nuevos testigos, entre ellos, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
En el primero de ellos, en respuesta a un escrito de solicitud de práctica de diligencias presentado por el investigado Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias, la magistrada acuerda citar a declarar a 13 testigos.
Entre ellos figuran el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, junto el director y el subdirector de Emergencias, el que fuera jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, las alcaldesas de Paiporta y Catarroja y el de Sedaví.
La juez deniega citar a algunos de esos cargos públicos y a otros otros como investigados, como solicitaba la representación legal Emilio Argüeso. También rechaza la citación de otros testigos propuestos por esta defensa, al no guardar relación con la investigación en curso.
En otros dos autos, la magistrada ha aceptado la personación como acusación popular de Compromís e Intersindical, respectivamente, previo pago de sendas fianzas de 6.000 euros.
La misma cuantía impone en un cuarto auto a un particular para permitirle que ejerza la acusación popular, tras admitir su querella exclusivamente respecto de los dos investigados actualmente en la causa, el ex secretario autonómico y la ex consellera de Justicia e Interior, e inadmitirla en relación al presidente de la Generalitat Valenciana, dada su condición de aforado.
El quinto auto desestima un recurso de reforma contra la decisión de la juez de denegar la obtención indiscriminada de los audios de las llamadas de auxilio al 112 por su afectación al secreto de las comunicaciones, mientras que el sexto deniega la solicitud de investigación realizada por la defensa de la exconsellera sobre filtraciones a los medios del acta notarial que aportó en el juzgado y que incluía un listado de llamadas de su teléfono móvil.
