El caso Azud también salpica al PSPV
El informe de la UCO detalla la existencia de un modo de funcionamiento que con llevaba el pago de comisiones para obtener decisiones favorables entre los años 1999 y 2013, cuya final coincide con la llegada de la actual dirección
Aunque inicialmente el caso Azud afecta al PP-CV, y especialmente a los populares valencianos, y uno de los grandes protagonistas era José María Corbín, el cuñado de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también tiene ramificaciones en el socialismo valenciano, si bien, parece que no salpica directamente a ninguno de los actuales responsables de la Generalitat, aunque si roza a algunos colaboradores, cuyo final político podría acelerarse. Al menos, eso se desprende de las conclusiones del informe de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil, integrado por 377 páginas, que detalla la compleja red de complicidades entre empresarios y exdirigentes del PSPV
Según las mismas a las que ha tenido acceso Mediterráneo Press, se entiende que “se habría desarrollado una dinámica de funcionamiento consistente en el pago de comisiones a diferentes cargos públicos, ello con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes Administraciones Públicas”.
Dicha práctica, según la UCO, “se habría desarrollado al menos entre los años 1999 y 2013, a lo largo de los cuales se investigan varias operaciones concretas, principalmente urbanísticas, en el marco de las cuales presuntamente se habría actuado por parte del GRUPO AXIS bajo esta forma de proceder”, es decir, el final de estas acciones coincide con la llegada de la actual dirección socialista.
En este sentido, el informe expone que algunos empresarios habrían costeado a través de sociedades intermedias acciones de publicidad electoral en la campaña de María Teresa Fernández de la Vega en las elecciones generales del 2008, en las autonómicas de Joan Ignasi Pla y las municipales de Carmen Alborch en el 2007.
De igual manera, el informe apunta a una actuación urbanística concreta, el Programa de Actuación Integrada “El Espartal”, desarrollado por el GRUPO AXIS en la localidad de Jijona (Alicante), cuyo desarrollo se prolongó durante un amplio periodo temporal, que se inicia en el año 2004 y cuya investigación se prolonga al menos hasta el año 2008. Durante este tiempo, una de las problemáticas que el GRUPO AXIS debe solventar es la relacionada con la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos; aspecto problemático dada la escasez de los mismos en la zona.
Para ello, a juicio de la UCO, el GRUPO AXIS inicia varias líneas de resolución del problema, si bien, la opción que se llevó a término fue la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) y el Ayuntamiento de Jijona, cuyo objetivo era la ampliación de la desaladora de Muchamiel-Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Jijona.
En este sentido, en función de la información recopilada por UCO a lo largo de la investigación “evidencian que la firma del convenio entre ACUAMED y el Ayuntamiento de Jijona habría sido auspiciada por parte del GRUPO AXIS, que para ello habría contado principalmente con José Luis Vera LLorens, una persona estrechamente vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que, aparentemente, sobre la base de esta estrecha vinculación, habría desarrollado capacidades sobre diversos procedimientos administrativos a través de terceros”. Además, el informe cita también, entre otros, a quien fuera exjefe de finanzas del PSPV, Pepe Cataluña, al director de Director de Relaciones Institucionales de ACUAMED, Joan Navarro, y a la actual presidenta del PSOE, y como ministra de Medio Ambiente en esos años, presidenta de Acuamed, Cristina Narbona, mientras que los secretarios generales del PSPV en aquella época eran Joan Ignasi Pla y Jorge Alarte, que actualmente es director general de Relaciones Institucionales de Presidencia. El principal empresario investigado es Jaime Febrer, cuyo abogado es el hasta unos meses portavoz socialista en Les Corts, Manuel Mata.
Así, según la UCO, “se investigan entre otras cuestiones el pago de comisiones a diferentes cargos públicos, la investigación desarrollada permite identificar a varios actores que, aparentemente por sus relaciones políticas y personales y pese a no ejercer cargo público alguno, habrían percibido comisiones durante el periodo investigado, habiéndolo hecho en atención a sus capacidades para provocar o viabilizar decisiones acordes a los intereses del GRUPO AXIS provenientes de diferentes Administraciones Públicas”. De esta manera, el informe policial explica detalladamente cómo se producían los pagos y la dinámica de actuación para que aparentemente fuera todo legal.
Daño moral más penal
La mayoría de hechos que se apuntan en el informe, según distintas fuentes jurídicas consultadas, están prescriptos. Sin embargo, en el PSPV existe preocupación por el posible daño moral que puede causar, y está causando el informe, ya que durante el gobierno de Joan Lerma y del propio XImo Puig, que ha estado libre sospechas de corrupción. Curiosamente, no sucedió lo mismo cuando los socialistas se encontraban en oposición en la mayoría de instituciones valencianas.
